La ciudad afronta su peor verano migratorio desde 2021
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Запишитесь на процедуру уже сейчасMás de 1.800 llegadas en los últimos días, un sistema de acogida colapsado y un vacío legal tras la sentencia del Supremo empujan a Ceuta a exigir una reforma urgente de la Ley de Extranjería
La ciudad autónoma de Ceuta atraviesa una de las crisis migratorias más graves de su historia reciente. En los últimos días, más de 1.800 personas —entre ellas numerosos menores de edad— han alcanzado la costa ceutí a nado desde Marruecos, según las cifras trasladadas por el propio Gobierno local. La Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma reconocieron ya la semana pasada, en un comunicado conjunto, la existencia de una «emergencia migratoria» y el «colapso del sistema de protección de menores y del CETI», una situación que, lejos de remitir, se ha agravado en las últimas 72 horas.
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ha advertido de que Ceuta se está acercando a la «quiebra» del sistema de acogida y ha trasladado al Gobierno central una sensación compartida por buena parte de la población: «vulnerabilidad, indefensión e invasión». Fuentes de la Guardia Civil consultadas por distintos medios describen la situación como «insólita» y la comparan abiertamente con la crisis de mayo de 2021, cuando cerca de 9.000 personas entraron en pocos días tras la apertura deliberada de la frontera por parte de Marruecos.
Un sistema de acogida al borde del colapso
La magnitud de la presión migratoria ha superado con creces la capacidad de respuesta de la ciudad. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra saturado, con personas acampadas en los alrededores ante la falta de espacio en las instalaciones. Sindicatos como CCOO, UGT y Solidaridad han reclamado públicamente un refuerzo urgente del personal del centro ante la sobrecarga de trabajo.
La situación es especialmente crítica en el caso de los menores extranjeros no acompañados, cuyo sistema de protección se ha visto desbordado. Según los datos manejados por el Gobierno ceutí, la sobreocupación en los recursos destinados a menores llegó a rozar el 1.600% respecto a la capacidad ordinaria prevista, un desajuste que ha obligado a habilitar espacios de emergencia y ha puesto en jaque a los equipos educativos y sociales encargados de su atención.
El fenómeno no se limita al frente marítimo. En paralelo a las llegadas a nado, se han intensificado en los últimos días los intentos de salto a la valla fronteriza, protagonizados principalmente por personas de origen subsahariano, lo que añade una segunda vía de presión sobre unos recursos ya al límite.
| Indicador | Dato |
| Llegadas recientes (última semana larga) | Más de 1.800 personas, según Vivas |
| Sobreocupación en acogida de menores | Hasta un 1.600% sobre la capacidad ordinaria |
| Fallecidos en el litoral ceutí en 2026 | 26 cuerpos recuperados (7 solo en julio) |
| Entradas irregulares en 15 días (finales de julio) | 244, según fuentes oficiales |
| Referencia histórica | Crisis de mayo de 2021: cerca de 9.000 entradas en pocos días |
El «vacío jurídico» tras la sentencia del Tribunal Supremo
El repunte migratorio se ve agravado por un cambio reciente en el marco legal. Una sentencia del Tribunal Supremo, dictada el pasado 8 de julio de 2026, ha establecido que las devoluciones en caliente no pueden aplicarse a los migrantes que acceden a territorio nacional por vía marítima.
Hasta ahora, la Guardia Civil podía entregar a las autoridades marroquíes a los inmigrantes interceptados en el mar de forma directa. El Alto Tribunal ha determinado, sin embargo, que el régimen de «rechazo en frontera» previsto en la Ley de Extranjería solo resulta aplicable a quienes son detenidos al intentar superar un elemento de contención física, como la valla terrestre, y no a quienes llegan nadando por el mar. Según denuncian el Gobierno de Ceuta y asociaciones de la Guardia Civil como AUGC, esta interpretación ha convertido el Estrecho en un «coladero» y ha eliminado el efecto disuasorio que tenían las devoluciones inmediatas.
«Esto es un drama, recuerda a la crisis de mayo de 2021. Todos los servicios están colapsados»
— Fuentes de la Guardia Civil en Ceuta
La reforma legal, ya en trámite en el Congreso
A diferencia de cuando se planteó por primera vez, la exigencia de reformar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería ya no es solo una petición: el Grupo Popular registró el pasado 16 de julio en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica para modificarla, de forma que el régimen especial de rechazo en frontera se aplique expresamente tanto a las entradas por vía terrestre como marítima en Ceuta y Melilla.
La Mesa del Congreso admitió a trámite la iniciativa el 23 de julio y la remitió al Gobierno para que fije su criterio, un paso previo obligatorio antes de su debate parlamentario. El Gobierno de Ceuta ha mostrado su respaldo pleno a la propuesta, al considerar que la singular condición de la ciudad como frontera exterior de España y de la Unión Europea exige instrumentos jurídicos adaptados a las nuevas formas de entrada irregular.
El propio Vivas admite, no obstante, que el PSOE difícilmente podría sacar adelante esa reforma junto a Sumar, su socio de Gobierno, ni con sus aliados parlamentarios habituales, por lo que reclama directamente un «pacto de Estado» entre PP y PSOE que permita tramitarla con la mayor celeridad posible, pese al parón estival de las Cortes.
La propuesta no está exenta de polémica interna en el propio espacio de la derecha: VOX en Ceuta ha acusado al Gobierno local de «absoluta incoherencia», al entender que el giro del PP contradice el discurso que este partido mantuvo durante años frente a planteamientos migratorios similares defendidos por la formación de Santiago Abascal.
El plan de Vivas se apoya en dos ejes:
- Reforma de la Ley de Extranjería: modificar la disposición adicional décima para que el rechazo en frontera sea aplicable expresamente a las entradas por mar, no solo por tierra.
- Creación de un «Mando Único»: un órgano de coordinación que armonice las actuaciones de los distintos ministerios, la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma para gestionar la crisis de forma ágil.
El drama humano detrás de las cifras
Más allá del debate político y legal, la crisis tiene una dimensión trágica que se ha agravado en las últimas semanas. Desde que comenzó 2026 se han recuperado ya 26 cuerpos sin vida en aguas de Ceuta, siete de ellos solo durante el mes de julio. El pasado fin de semana, los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil recuperaron tres cadáveres en distintos puntos de la costa, en las zonas de Juan XXIII, el Recinto y Punta Almina.
Los testimonios recogidos por vecinos de barrios costeros, como el de la playa de la Almadraba, describen a jóvenes llegando de madrugada completamente deshidratados, algunos todavía con el traje de neopreno puesto tras completar la travesía a nado, que en muchos casos supera los ocho kilómetros de distancia entre las costas marroquí y ceutí.
El fenómeno, conocido en la ciudad como el «goteo de nadadores», se ha convertido en algo constante durante los meses de verano, pero fuentes de la Guardia Civil insisten en que lo que ocurre este año no tiene precedentes recientes por su intensidad y continuidad.
Llamado al consenso nacional
Vivas ha apelado de nuevo a la «lealtad institucional» y al «sentido de Estado», instando a los grupos parlamentarios —y en particular a un acuerdo entre PP y PSOE— a actuar sin dilación. El presidente ceutí defiende que la certeza legal actúa como elemento disuasorio en sí mismo:
«Si alguien sabe que si llega por vía marítima va a ser rechazado de manera inmediata, no lo intenta. Y si no lo intenta, no se juega la vida»
— Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta
Por su parte, el Gobierno central y la Delegación del Gobierno en Ceuta han pedido «tiempo» y prudencia, recordando que «las soluciones mágicas no existen» y que la respuesta a una crisis de esta magnitud requiere coordinación entre administraciones más que medidas unilaterales. Mientras la proposición de ley sigue su trámite parlamentario, la presión migratoria sobre la ciudad no ha dado tregua en los últimos días, y tanto el Ejecutivo local como la Delegación del Gobierno insisten en la necesidad de una respuesta «extraordinaria e inmediata» antes de que la situación se agrave aún más.
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