Solo puede quedar uno

La guerra entre Donald Trump y The New York Times

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Entre libros que cuestionan su forma de ejercer el poder, investigaciones sobre la seguridad presidencial y la batalla por proteger las fuentes periodísticas, el conflicto amenaza con convertirse en un pulso decisivo entre la Casa Blanca y la libertad de prensa.

La relación entre Donald Trump y The New York Times nunca ha sido pacífica. Desde que el magnate neoyorquino llegó a la Casa Blanca, se declararon una guerra abierta. Sin embargo, en las últimas semanas, una serie de acontecimientos ha acelerado las hostilidades. La tensión ha alcanzado su nivel más alto, arrastrando a instituciones clave del Estado como el FBI y el Departamento de Justicia.

La batalla actual se libra en dos frentes informativos. El primero es la publicación del libro Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, escrito por los periodistas del diario neoyorquino Maggie Haberman y Jonathan Swan, buenos conocedores de la Casa Blanca. La obra describe con detalle el funcionamiento de la segunda presidencia de Trump y ofrece un retrato demoledor: una administración liberada de los tradicionales contrapesos institucionales, donde los antiguos asesores y generales que contenían al mandatario han desaparecido, y donde el aparato del Estado se utiliza como herramienta de castigo y revancha. La posición dentro del Gobierno depende del nivel de adulación al jefe.

En la investigación de Haberman y Swan se describe de forma específica el uso del aparato estatal, detallando cómo se ha intentado moldear el Departamento de Justicia para transformarlo en un instrumento para escarmentar a los adversarios políticos del presidente. El libro documenta cómo la Casa Blanca opera en el límite del poder constitucional, ignorando órdenes judiciales y reclamando competencias que tradicionalmente correspondían al poder legislativo, configurando lo que los autores definen como una «presidencia imperial» sin apenas frenos legales.

El segundo frente tiene su origen en un artículo del propio periódico que denuncia la falta de seguridad del nuevo avión presidencial regalado por Catar, en el que también viajan habitualmente altos cargos del Gobierno, colaboradores del presidente y periodistas. Los datos publicados sugieren que hubo filtraciones provenientes del entorno del presidente.

La reacción ha sido fulminante. En un movimiento sin precedentes, el director del FBI mantuvo una reunión de ocho horas en la Casa Blanca con altos cargos para coordinar el contraataque legal y político contra el diario. Este encuentro rompe la tradicional barrera de independencia que separaba al FBI de la Administración.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia ha tomado la iniciativa. El fiscal general ha conseguido que un gran jurado cite a los periodistas que firmaron el artículo. La presión del Gobierno busca obligarles a revelar la identidad de sus informantes, alegando motivos de seguridad nacional. Los informadores se han negado a desvelar sus fuentes, al tiempo que el jefe de la asesoría jurídica de The New York Times ha acusado al presidente de lanzar un ataque directo e intolerable contra la libertad de prensa.

A pesar del despliegue de poder estatal, es muy difícil que Trump gane este pulso. De momento, los fiscales que llevan el caso se han visto obligados a retirar las acusaciones, aunque aseguran que no van a cerrar la investigación.

Algunos analistas apuntan a que el caso terminará en el Tribunal Supremo, en el que seis de los nueve magistrados actuales han sido nombrados por administraciones republicanas —tres de ellos por el propio Trump—. Sin embargo, la ideología de los jueces no garantiza una victoria presidencial debido a una sólida jurisprudencia.

El obstáculo, que parece insalvable, es una sentencia histórica de 1964: el caso Sullivan contra The New York Times, que colocó un listón extremadamente alto con el propósito de defender la libertad de prensa garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución.

La doctrina de este precedente obliga a la parte que reclama a demostrar que han concurrido tres factores: malicia real, es decir, que el medio publicó la información sabiendo que era falsa o con un desprecio temerario hacia la verdad; falsedad intencionada y necesaria, por la que no basta con demostrar que el artículo contiene errores menores o que no es completamente exacto; y daño directo, que exige acreditar que el objetivo primordial era dañar la reputación del demandante mediante la mentira.

Bajo este marco legal, el periódico está fuertemente protegido. La jurisprudencia da prioridad al derecho a la información sobre el honor de los cargos públicos.

Este conflicto es una de las batallas más importantes de la historia reciente de la prensa libre.

El pulso judicial y político puede ser largo y complejo. Sin embargo, el marco constitucional actual indica que la balanza terminará inclinándose del lado de la libertad de información. En esta guerra donde solo puede quedar uno, el ganador será, una vez más, el periódico.