Mantener el poder adquisitivo de las pensiones, bajar los impuestos y garantizar la paz social se ha convertido en un nuevo trilema para los gobiernos.
El economista Dani Rodrik formuló un célebre trilema para la economía mundial. Afirmaba que un país solo puede elegir dos de tres principios: globalización económica (libre circulación de bienes y servicios), soberanía nacional (autonomía regulatoria para decidir sus propias leyes) y democracia política. Tener los tres a la vez es inviable.
Hoy asistimos a la aparición de un nuevo trilema en la política nacional. Los candidatos en campaña electoral suelen prometer todo a la vez, pero resulta inviable sostener tres pilares al mismo tiempo: mantener el poder adquisitivo de las pensiones, bajar los impuestos y garantizar la paz social. Los gobiernos tienen que escoger dos de estas tres opciones.
Los acontecimientos en Europa muestran los límites de la gestión gubernamental. En Francia, el presidente Emmanuel Macron gobierna en minoría parlamentaria, con un gasto público del 57% del PIB, con una deuda pública del 120% del PIB y con los tipos de interés del bono a 10 años cercanos al 5% —en España están ligeramente por encima del 4%—. Al mismo tiempo, los estudiantes salen a la calle para exigir mayores inversiones en educación, más contratación de profesorado y mejoras en las infraestructuras académicas. También vuelven los chalecos amarillos exigiendo subvenciones. La capacidad de respuesta del Ejecutivo francés es casi nula. Mientras tanto, en Italia la protesta social adopta otras formas y el malestar de las generaciones más jóvenes vuelve a manifestarse, sin que queden claras sus demandas en el caso de las violentas algaradas en Milán, pero suficientemente claras en el sur, donde camioneros y pescadores reclaman subvenciones al combustible.
En España el panorama refleja tensiones similares. El Partido Popular propone sostener el poder adquisitivo de las pensiones y reducciones tributarias, pero allí donde aplican esas reducciones aparecen los problemas. La Comunidad de Madrid, que rebaja el tramo autonómico del IRPF, comprueba cómo el profesorado de enseñanza media exige mejoras salariales para equiparar sus ingresos con los de otras comunidades autónomas, pero asegura que carece de medios para pagarlas.
El margen de maniobra de las arcas públicas es reducido. España registra una deuda pública situada en torno al 100 % del PIB. La estructura del gasto estatal presenta una elevada rigidez. El pago de las pensiones, los intereses de la deuda y los sueldos de los empleados públicos consumen la mayor parte del presupuesto.
El margen restante para gasto discrecional, como las inversiones en infraestructuras y equipamientos públicos, queda relegado a menos del 10% del total nacional. Durante los últimos años, la llegada de los fondos europeos Next Generation ha permitido sostener el ritmo de inversión pública, con subvenciones por importe de 77.000 millones de euros, más la adenda de 84.000 millones en préstamos en condiciones favorables. Sin embargo, este programa terminó el pasado mes de agosto.
Si en el futuro gobierna el Partido Popular, solo o en alianza con Vox, la combinación de rebajas fiscales y mantenimiento de las pensiones obligará a recortar partidas en otras áreas de la Administración, como la sanidad o los sueldos del personal docente. En este escenario, la paz social saltará por los aires.
Las promesas habituales de campaña sobre la reducción del gasto superfluo mediante la supresión de ministerios o cargos burocráticos requieren concreción. Los funcionarios de carrera mantienen sus retribuciones independientemente de las reestructuraciones organizativas. Quien aspire a presidir el Gobierno tendrá que explicar en detalle el volumen real de ahorro que suponen esas medidas y aclarar si contempla mejoras laborales para colectivos con demandas pendientes.
Intentar sostener pensiones e impuestos bajos conduce a una explosión de la paz social. Si la conflictividad aumenta y no hay presupuesto para satisfacer las demandas sectoriales, la única vía restante para imponer el orden será el incremento del gasto en las fuerzas de seguridad del Estado, que también reclaman la equiparación de sus sueldos con los de la Ertzaintza o los Mossos. La aritmética presupuestaria exige elegir.
